Luego de que el Senado argentino hundiese el proyecto de ley «Ficha Limpia», la derecha de ese país no ha renunciado a inhabilitar políticamente a la expresidenta y líder peronista Cristina Fernández de Kircher, y apelaron al lawfare para concretar ese avieso propósito.

Para hacerlo a como dé lugar, este jueves el procurador ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eduardo Casal, pidió revisar la causa conocida como Vialidad, modificar su veredicto y condenar a la exmandataria a 12 años de prisión.

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Al presentar dictamen ante el máximo tribunal, Casal pidió que se revoque la absolución de la líder del Partido Justicialista por asociación ilícita y que también sea condenada por este delito, lo cual duplicaría de seis a 12 años su pena de cárcel. Su pedido respalda la apelación del fiscal ante Casación Mario Villar, que entraña similar fin.

Cristina Fernández fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos por delito de administración fraudulenta, cuestión que nunca fue debidamente probada.

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Fue acusada por presuntamente haber direccionado obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur) en beneficio del empresario Lázaro Báez. Según la acusación, ello habría ocurrido durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

De acuerdo con medios locales, Casal intervino para analizar, a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, 17 recursos de queja por la causa Vialidad, en particular el presentado por el juez Villar. Al procurador no se le enviaron los planteos de las defensas de la exmandataria.

Condenada por delitos que nunca pudo haber cometido

La defensa de Cristina Fernández ha reiterado que los cargos no fueron debidamente probados, mientras que ella denunció que la causa Vialidad era políticamente motivada.

Recordó que los magistrados Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña -responsables del fallo en primera instancia- fueron promovidos por el expresidente y adversario político Mauricio Macri (2015-2019), eran sus amigos y jugaban fútbol juntos en la quinta privada de este, lo cual permitía apreciar que no son imparciales y cuál sería el resultado del proceso.

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Cristina Fernández aseveró que la condenaron por un delito que nunca pudo haber cometido como Presidenta de Argentina pues, entre otros aspectos, las obras viales que citó la Fiscalía fueron aprobadas dentro de los presupuestos nacionales por el Congreso federal y no a dedo ni a título personal.

Añadió que todas las obras se licitaron, ejecutaron y pagaron por el Gobierno de Santa Cruz, no por el Gobierno Federal, y que su rendición de cuentas fue aprobada por Auditoría General de la Nación y el Congreso desde el 2003 hasta el 2015, en todo momento sin señalamientos ni sospecha de desfalco al erario público.

Aunque las pruebas presentadas fueron rebatidas, las acusaciones fueron aprobadas en instancias judiciales siguientes y maliciosamente amplificadas, sin sustentación, por medios hegemónicos como Clarín y La Nación.

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